Delicada advertencia

La CPI es el organismo que eventualmente podría decidir en un futuro si activa su justicia complementaria, para que no se queden sin sanción los crímenes de lesa humanidad que no hayan sido juzgados internamente por un país.

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 las Farc no les gusta el marco jurídico para la paz porque dizque no fue discutido con ellas. Eso las pinta perfecto. El marco no le gusta tampoco a la Comisión Colombiana de Juristas, probablemente porque afecta su negocio con las víctimas. No le gusta a Human Rights Watch, seguramente porque el señor Vivanco considera inadmisible que los beneficios judiciales diseñados para la guerrilla eventualmente también cobijen a militares acusados de graves delitos. Pero lo que resulta francamente incomprensible es que no le guste, y que lo diga públicamente, a la fiscal general de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda.

Y más insólito todavía es que lo haya dicho en respuesta a una consulta del presidente de la Corte Constitucional colombiana, magistrado Jorge Iván Palacio. Esa descalificación anticipada de un tribunal internacional de carácter supletorio, acerca del manejo jurídico que el Gobierno pretende darle a un proceso político interno, equivale a que para pactar la paz en Colombia haya que contar con el permiso de tan distinguida jurista africana, quien ya dijo que así como pensamos pactar la paz no se puede. ¿Y entonces qué hacemos: paramos?

La CPI es el organismo que eventualmente podría decidir en un futuro si activa su justicia complementaria, para que no se queden sin sanción los crímenes de lesa humanidad que no hayan sido juzgados internamente por un país.

Pues, según el concepto de Bensouda (¿personal o institucional?) acerca de la consulta que se le ha hecho sobre el proceso de paz colombiano, el marco jurídico abre ese camino: es sinónimo de impunidad, ya que la suspensión de penas que contempla “impediría el castigo de los delitos más graves”.

Lo cierto es que cada Estado firmante es libre de interpretar las obligaciones del Estatuto de Roma a su manera. Una de ellas puede ser a través de la fórmula de juzgar, condenar y suspender la pena, como lo contempla el marco. La Fiscal de la CPI dice que eso no se puede. El asunto es que nuestra Corte Constitucional está a días de pronunciarse sobre una demanda de inconstitucionalidad contra el marco jurídico para la paz. ¿Cómo deben proceder entonces sus magistrados?

No entiendo a qué horas al magistrado Palacio se le ocurrió pedirle a un miembro de una corte internacional una opinión previa sobre cómo fallar en nuestro derecho interno. ¿Deberán atender nuestros magistrados el concepto de la fiscal Bensouda, que considera inviable, bajo los parámetros del Estatuto de Roma, este mecanismo de justicia transicional diseñado entre el Gobierno y el Congreso colombianos para la paz con las Farc?

Además de ser un acto de lambonería innecesaria del magistrado Palacio con Bensouda, es insultante con sus colegas, porque presupone que ellos carecen del criterio para llegar solitos a un dictamen de constitucionalidad. Es decir, que necesitan instrucciones de la jurista africana para cumplir con su deber de salvaguardar la integridad de nuestra Constitución.

El mensaje de la señora Bensouda a la Corte es muy claro: si Colombia aplica el marco jurídico para la paz como lo tiene diseñado, aténgase el país a las consecuencias.

Después de esa advertencia, ¿cómo puede un magistrado de nuestra Corte Constitucional decidir libremente cómo fallará? Si, a sabiendas de lo que piensa la fiscal Bensouda, los magistrados de la Corte Constitucional no tumban sino que dejan pasar el marco para la paz, estarían cometiendo una especie de “prevaricato internacional”, figura que no existe. Pero es que no tengo palabras para definir esta encrucijada en la que nos puso el concepto solicitado por Colombia a la fiscal Bensouda.

De ahí el dicho de que, a veces, es mejor no preguntar, porque le contestan a uno.

Cuando el río suena… Hará falta en las Fuerzas Armadas el liderazgo del general Sergio Mantilla.

María Isabel Rueda

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