¿La hora de la tutela?

Maria Isabel Rueda

Maria Isabel Rueda

María Isabel Rueda

OPINIÓN .

Originalmente la tutela era para que de manera flash se previniera o se restableciera la violación de los derechos fundamentales, que son el núcleo esencial de nuestra condición de ciudadanos.

El desbordamiento de la tutela no es solamente culpa de Petro, aunque el abuso que ha cometido con esta preciada institución de los colombianos haya hecho que brille, pero por su desmadre. También es culpable la Corte Constitucional.
Otro acierto de la Constitución del 91, es una pena que casi desde sus inicios ella haya sucumbido a la tentación de romper varias veces sus amarras, en la búsqueda de un expansionismo sinuoso, subrepticio y furtivo de sus propias competencias y de su poder sobre campos que normalmente le corresponderían al Poder Ejecutivo y al Legislativo.
Ha extendido, vía tutela, su control a todo el ordenamiento jurídico, hasta para debatir y poner en tela de juicio cualquier decisión de los jueces y magistrados. Pero originalmente la tutela era para que de manera flash se previniera o se restableciera la violación de los derechos fundamentales, que son el núcleo esencial de nuestra condición de ciudadanos.
Ampliar esa órbita, invadiendo a la justicia ordinaria, ha convertido a la Corte Constitucional en órgano de cierre de todas las especialidades del derecho, fenómeno mejor conocido como ‘choque de trenes’.
Pero no solo eso. Por esa puerta tan abierta se acaba de colar la primera tutela fallada a favor de Petro, la del agradecido magistrado Armenta. A lo Armenta, esta tutela desafió de manera vulgar una sentencia de la Corte Constitucional, según la cual se declaró, en ejercicio del control de constitucionalidad, que son compatibles nuestra Constitución y las atribuciones que le otorga a la Procuraduría, con lo establecido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Armenta dejó claro que puede irrespetarse a la Corte en su magisterio. En cualquier otro país eso se llamaría desacato. Aquí se llama gratitud.
Igual de grave, pero con el argumento de que cada tutela corresponde al derecho de cada ciudadano de hacer valer su voto, se abrió el camino para que agentes oficiosos –es decir, contratistas del Distrito y demás calanchines– presenten tutelas por cuenta de quien perfectamente puede hacerlo a su nombre, como Petro. Prueba es que él mismo había presentado desde el año pasado su propia tutela, a la que tenía todo el derecho, así no tuviera la razón. Ante la evidencia jurisprudencial, esa tutela le fue negada. Pero volviendo a los ciudadanos-contratistas y demás calanchines, ¿acaso el derecho al voto no se había ejercido ya cuando el “ciudadano” votó? A Petro lo eligieron, luego el derecho de elegir y ser elegido se consumó. Se dispararía aún más la corrupción si no pudiera disciplinarse más adelante a un mal funcionario, con la disculpa de que fue elegido por voto popular.
Y para quienes sostienen, como el respetado profesor Zafra, que solo el Presidente de la República puede destituir al Alcalde de Bogotá, una reflexión. La decisión del Procurador fue antecedida de un juicio disciplinario que evaluó las respectivas pruebas a favor y en contra de Petro, y este tuvo las garantías para ejercer su derecho a la defensa. ¿Qué tal dejar en manos del Presidente de turno la función de destituir al Alcalde de Bogotá por una mera decisión política, sin que medien las garantías de un proceso, sea disciplinario o penal? ¡Hasta yo estaría hablando de atropello!
Las propias cortes deberían asumir la recuperación de los cauces de la tutela. Pero no solo para que la justicia ordinaria recobre su sentido y no sea suplantada por la tutela de la que el ciudadano echa mano para todo, por culpa de su lentitud y falencias. Sino dirigida a impedir que vuelva a utilizarse, como hizo Petro, no en busca de un mecanismo de justicia rápida, sino para congestionar y enredar a los tribunales, aprovechando que viven bañaditos en la brea de la corrupción que les aportan varios de sus miembros.
Entre tanto… De lujo ha resultado esta mujer, María Claudia Rojas, la magistrada que ahora preside el Consejo de Estado.
María Isabel Rueda

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