Verdades impopulares

Periodista Colombiano Daniel Coronel

Periodista Colombiano Daniel Coronel

Los procesos de paz no son carreras de velocidad, son pruebas de resistencia. Desde 1980 hasta hoy han prosperado 11 procesos de paz en el mundo. Ninguno de ellos fue resuelto de manera relámpago y en ningún caso existía confianza en la buena fe de las contrapartes al comenzar la negociación.

El largo camino de construcción de los acuerdos partió siempre de la desconfianza recíproca entre los negociadores y el escepticismo de una buena parte de la sociedad.

Firmar el acuerdo de paz en Irlanda del Norte tomó 21 años, en El Salvador fueron 10, 11 en Guatemala, 14 en Angola, cinco en Sudáfrica y cuatro en Nepal.

En todos esos países había una parte de la población que quería buscar la paz de manera negociada y otra parte que pensaba que la única forma de lograrla era persistir –exclusivamente– en la salida militar. Esto no ocurría únicamente entre la población civil sino en sectores de las organizaciones irregulares que protagonizaban el conflicto.

Dicho de otra manera, en los procesos de paz surgen sectores guerreristas en uno y otro lado. Es lo normal. En ningún país ha sucedido de otra manera.

La negociación no significa legitimar a la contraparte.

La paz se hace con la gente con la que un grupo social no está de acuerdo, no respeta y ocasionalmente odia. Con los demás no hay necesidad de hacer la paz porque tampoco hay necesidad de ir a la guerra. Con ellos se puede solucionar los eventuales conflictos de manera pacífica.

El gobierno británico no avalaba la legitimidad de los sangrientos atentados del llamado Ejército Republicano Irlandés (IRA). Tampoco estaba el Reino Unido vencido militarmente al iniciar un proceso de paz con un grupo que había sido declarado –nacional e internacionalmente– como terrorista.

Lo que hace Gran Bretaña es abrir un canal de comunicación con esos terroristas para buscar el trámite pacífico de las diferencias. Pasaron varios años, varios gobiernos, además de varios ceses al fuego –algunos de ellos rotos– antes de que en abril de 1998 se firmara el acuerdo de paz de Viernes Santo.

Solo tres años después de la firma, en 2001, el IRA anunció que iniciaba su desarme y apenas en 2005 renunció públicamente a la lucha armada.

El cese al fuego es el primer paso en la construcción de una paz duradera.

Todos los procesos de paz que se han iniciado en medio de las hostilidades ganan credibilidad cuando derivan en periodos de tregua. Esos ceses al fuego son la prueba de que es posible vivir sin dispararse y de que las partes pueden honrar su palabra.

En Sierra Leona, Angola, Burundi y Guatemala, las treguas unilaterales y limitadas antecedieron a ceses al fuego y hostilidades bilaterales y definitivos.

Las partes tienen que aprender a lidiar con eventuales incumplimientos al cese al fuego impulsados por los miembros más radicales de cada lado. Por eso es necesario que exista un mecanismo imparcial de verificación.

Los procesos de paz suponen una dosis de impunidad.

La frase efectista “paz sin impunidad” siempre arrancará aplausos en la galería pero es absolutamente impracticable. El asunto no es si hay o no hay impunidad en un proceso de paz, sino cuánta es tolerable para la sociedad.

Las amnistías generales que existieron en una época han dado paso a fórmulas de justicia transicional y restaurativa. Es necesario que los crímenes cometidos durante el conflicto se reconozcan, se impartan condenas, se pida perdón a las víctimas y sean reparadas por sus victimarios.

Este es uno de los puntos de llegada de un proceso de paz, no un punto de partida.

Es inútil esperar que un victimario reconozca sus delitos antes de la terminación del proceso. Eso deslegitimaría su causa antes de culminar la negociación. Esa es una lección que le dejó al mundo el proceso sudafricano.

El arzobispo Desmond Tutu pronunció una frase contundente: “Sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón”.

El resultado de un proceso de paz –la mayoría de las veces– es incompleto e imperfecto pero siempre será mejor que la guerra.

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La piel de Zapa

daniel coronell

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Un asesinato está empezando a destapar la compleja red de corrupción que funciona en la Gobernación de Córdoba. Jairo Zapa, el director de regalías de la gobernación, quien manejaba más de 100 mil millones de pesos, desapareció a finales de marzo. Hace unas semanas un antiguo paramilitar llamado Joice Hernández confesó que lo había estrangulado, según él, porque la víctima tenía una relación con su novia. Todo indica que fue otro el motivo del homicidio.

El paramilitar reveló el lugar donde había enterrado a Zapa envuelto en un costal de lona. El cadáver estaba muy cerca de una finca del padre del gobernador de Córdoba Alejandro Lyons. Y digo una, porque coincidiendo con la gobernación de su hijo, una súbita racha de prosperidad le ha llegado al señor Lyons. Según los registros públicos, en mayo del año pasado compró cuatro fincas allí en Pueblo Nuevo, cerca de donde encontraron el cuerpo.

Más se demoraron en hallar los despojos mortales del doctor Zapa que el señor gobernador en salir a dar una explicación que nadie le estaba pidiendo: “Esto puede que haya sido una desafortunada coincidencia y no quisiera pensar que se trata de una manipulación perversa de alguien que intenta involucrar a mi familia en este lamentable episodio”.

Al margen de esa coincidencia, otras cosas raras han empezado a suceder desde la desaparición del director de regalías. Es como si alguien buscara desesperadamente alguna evidencia que hubiera dejado el difunto y que pudiera contribuir al esclarecimiento de su propia muerte.
Hace apenas dos semanas, cuatro hombres que se hicieron pasar por agentes del Gaula llegaron hasta la casa de los padres de Zapa. Los amarraron y amordazaron a ellos y a otras dos personas que los acompañaban y empezaron a esculcar cada rincón de la casa. Sólo se llevaron los celulares, nada más.
Días antes –cuando no habían encontrado el cadáver y no había certeza sobre los hechos- el contratista Jesús Henao, favorecido con jugosos negocios pagados con el dinero de las regalías, fue a visitar a la desconsolada esposa de Zapa y a sus cuatro pequeños hijos. A ella le dijo que quería entregarle 2 mil millones de pesos  “por si su esposo estaba muerto”. Le habló de múltiples “negocios” de contratación y mencionó en su conversación al Gobernador de Córdoba y a otros altos funcionarios. Preguntó por unos documentos y se despidió cuando la señora rechazó la generosa oferta.
Semanas después, el 8 de agosto, cuando ya el cuerpo estaba identificado, quien fue a la casa de la viuda fue el propio gobernador Alejandro Lyons. En su gentil visita de pésame, el señor gobernador manifestó su preocupación por la seguridad de la familia de Zapa. Sin embargo a la viuda le quedó la impresión de que el mandatario estaba más interesado en vigilarla que en cuidarla. Según ella, el gobernador insistió en la necesidad de instalar cámaras dentro de su casa “para protegerla”, ofrecimiento que ella declinó.
La viuda de Zapa se imagina que lo que están buscando los interesados es una especie de contabilidad que mostraría lo que los libros oficiales no dejan ver.
Para tranquilidad –o más bien para angustia- de sus incansables buscadores, los documentos sí existen.
Hay por ejemplo varios reveladores papeles, escritos en una letra que la viuda de Zapa reconoce como la de su difunto esposo, en los que se habla de negocios como “Agro Forestal”, “Turismo” y “Caña flecha” y se mencionan importantes sumas y porcentajes del negocio para “JH” y “JO”.
En otros, de color rosado, se mencionan una serie de obras con su costo asignado para “Pueblo Nuevo”.
Otros hablan del desembolso de regalías por el Banco Colpatria y menciona una serie de nombres al lado de unas cifras como “ $ 2.129’ ” “$ 11.000’ ”.
Algunas iniciales y nombres en los papeles coinciden con los del contratista Jesús Henao y los funcionarios Maximiliano García y Carlos Pérez, presos hoy como sospechosos del crimen.
La investigación ha ido avanzando notablemente, pero no ascendiendo. Hasta ahora la justicia no le ha preguntado al señor gobernador Lyons si tiene alguna información de lo que sucedió y de lo que sigue pasando.

El tribunal de la alegría – Daniel Coronell

Daniel Coronell

Fallos del Tribunal de Cundinamarca han beneficiado, con millonarias sumas, a dos allegados de magistrados de esa Corte. En un caso el favorecido es el esposo de una magistrada. En el otro, se trata de una amiga, excompañera de trabajo y recomendada de otra magistrada. Los dos tienen en común haber trabajado en el despacho de un antiguo concejal de Bogotá que está denunciando esta situación.

El exconcejal y denunciante se llama Luis Fernando Olivares. Cuenta que en diferentes épocas llevó a trabajar a su Unidad de Apoyo Normativo –y en cargos de libre nombramiento y remoción– a dos abogados: Luis Enrique González Villamizar y Francy Yineth Peña Vargas.

Luis Enrique González trabajó en el Concejo de febrero de 2004 a mayo de 2006. Un poco más de dos años. Fue declarado insubsistente y demandó. Un juzgado administrativo de Bogotá analizó el caso y encontró que el abogado González no tenía razón, que la insubsistencia era legal y negó sus pretensiones.

González, entonces, apeló la sentencia que fue al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por reparto vino a caer –oh sorpresa– precisamente en una sala de descongestión de la que su esposa era miembro.

En el Tribunal no vieron semejante impedimento a pesar de que el concejal Olivares envió a la Procuraduría el acta que prueba que el demandante Luis Enrique González se unió en sagrado matrimonio con la magistrada Martha González Gutiérrez en la parroquia del Divino Salvador, hace más de 20 años.

La Procuraduría le advirtió la situación a la subsección de descongestión del Tribunal en marzo del año pasado. Sin embargo, la magistrada Martha González asegura que vino a darse cuenta de que la demanda de su marido había caído en su sala cuatro meses después: el 16 de julio de 2013. 

Solo se declaró impedida el 17, un día después, coincidiendo –¡otra coincidencia!– con una visita de la Procuraduría para inspeccionar el proceso.

Cuando la distraída esposa y magistrada cayó en cuenta, también se declararon impedidos los otros dos miembros de la sala que reconocieron que su amistad con la pareja quizá podía empañar la imparcialidad de sus fallos.

La apelación pasó entonces a otra subsección en donde está el magistrado José María Armenta.

La nueva subsección estableció –en pocos meses– que los contribuyentes debían indemnizar con más de 1.000 millones de pesos al esposo de la compañera magistrada que trabajó dos años en el Concejo. Hay una tutela fallada en contra de esa decisión, tutela que no se ha cumplido.

El otro caso tiene un ingrediente que debería incluirse en los clásicos de la picaresca. Una de las magistradas que falló a favor de la demanda de Francy Yineth Peña es precisamente quien le consiguió el puesto.

El exconcejal Olivares asegura que la persona que le recomendó a Francy fue la hoy magistrada Fanny Contreras quien había trabajado con ella. Francy laboró en el Concejo menos de un año, de octubre de 2004 a septiembre de 2005. Fue declarada insubsistente y demandó mucho después.

Perdió en primera instancia. El juzgado encontró infundada su demanda, y –siguiendo el camino– apeló ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El azar parece empeñado en manifestarse en esa alta corte. Increíblemente el caso le tocó a la sala de descongestión en donde estaba su amiga, antigua compañera de trabajo y madrina política Fanny Contreras Espinosa.

Ella no pensó siquiera en declararse impedida.

La magistrada Fanny, con una ponencia inolvidable, ordenó que el distrito de Bogotá –es decir los sufridos contribuyentes– le pagaran a su amiga Francy una indemnización que puede llegar a 115 millones de pesos.

Para algo tienen que servir los amigos.

Lo que el procurador no vio – Daniel Coronell

daniel coronell

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Andrés Felipe Arias se benefició personalmente de una ganga millonaria otorgada por receptores de subsidios de Agro Ingreso Seguro. El monto del favorecimiento es de 500 millones de pesos y corresponde a la compra de un apartamento en el norte de Bogotá. El predio costaba comercialmente 1.200 millones de pesos pero los vendedores se lo dejaron en 700 millones.
Esos vendedores, a través de empresas familiares, recibieron al menos 1.100 millones de pesos en diferentes subsidios cuando Arias era ministro de Agricultura.
El apartamento fue vendido a través de una fiducia por una empresa llamada La línea, que pertenece a la familia Llorente. El patriarca de ese grupo es el empresario conservador Diego Llorente Martínez.
El señor Llorente es conocido por sus prósperos negocios de construcción y por sus actividades en el sector agropecuario. Él, su esposa, sus hijos y su yerno, recibieron millones en dinero público regalado durante el ministerio de Arias.
Maxiflores, una de sus empresas recibió un subsidio no reembolsable –vale decir un regalo– por 350 millones de Agro Ingreso Seguro. La misma compañía obtuvo 450 millones más entre compensaciones por la devaluación e incentivos fitosanitarios, para un total de 800 millones.
Otra compañía llamada Bioflora Farm –a nombre de la hija de Llorente, Helena, y su yerno Guillermo Ricaurte Junguito– recibió más de 300 millones de pesos en incentivos fitosanitarios mientras Arias fue ministro.
En su otra línea de negocios, la construcción, los Llorente también son muy reconocidos. Uno de sus proyectos más emblemáticos se llama Cerros de los Alpes, pero la sabiduría popular lo rebautizó como Las torres de Llorente.
En el año 2007, sacaron a la venta varios de esos apartamentos, incluyendo el número 611. La lista de precios de la época señala que en el estado en que se entregaba costaba más de 1.000 millones de pesos.
Muchos apartamentos se vendieron inmediatamente y todos se valorizaron. En el año 2009, en ese mismo piso sexto, el metro cuadrado de construcción se vendía a 4.581.309 pesos.
Lo cual quiere decir que a mediados del año 2009, los vendedores esperaban recibir por un apartamento de 270 metros –como el 611– algo más de 1.236 millones de pesos.
Sin embargo, el lunes 19 de abril de 2010, el exministro Andrés Felipe Arias y su señora esposa compraron el apartamento 611 por 700 millones de pesos. Es decir pagaron un poco menos de 2.600.000 pesos por cada metro cuadrado.
Arias siempre ha dicho que compró la propiedad en condiciones de mercado, pero estos hechos lo contradicen. Varios apartamentos del conjunto fueron vendidos en la misma época por un precio por metro cuadrado, 45 por ciento más alto que el que le concedieron a Arias.
El exministro pagó 308 millones de contado y el resto, casi 392, con un crédito hipotecario de Davivienda. A comienzos de 2012, cuando él estaba detenido en la cómoda Escuela de Caballería, su esposa abonó 150 millones de pesos a ese crédito.
Un oficio de la Contraloría y los hechos revelados en esta columna ocasionaron la apertura de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito en la Procuraduría.
Hace un mes el procurador Alejandro Ordóñez archivó el proceso. El anuncio tuvo mucha difusión pero el documento absolutorio no fue publicado en el portal del Ministerio Público.
Finalmente esta semana, la Procuraduría entregó la copia. En las 24 páginas no hay una sola mención del magnífico precio que logró en su apartamento.
En cambio sí una amplia exposición sobre los pequeños bienes del exministro: La moto BMW que vendió hace nueve años por 12 millones de pesos, el carro Hyundai de 25 millones que le pagaron en dos años y el hecho de que el abono de 150 millones al crédito del apartamento salió del fondo de pensiones voluntarias de su esposa.
Pero de la ganga, nada.
Cuando estas denuncias salieron a flote por primera vez, un amigo perspicaz refiriéndose al descuento me preguntó: “¿No puede explicarse por el hecho de que muchos negocios se hacen ‘por encima’ con un valor (un poco más del avalúo catastral) y ‘por debajo’ con el valor real?”
La respuesta es no, por dos razones: La primera es porque esa práctica heterodoxa no es posible cuando la operación incluye un préstamo hipotecario. Y la segunda, porque Andrés Felipe Arias no podría justificar esos 500 millones extra en su patrimonio, ni con la venta de la moto que tanto llamó la atención del procurador.

Cuestión de inteligencia – Daniel Coronell

Por Daniel Coronell

OPINIÓN. El expresidente recibió una información militar secreta y solo se la pudieron dar los militares que ejecutaban la operación o los que monitoreaban a los voceros de las Farc.

Daniel Coronell

Daniel Coronell – Etica Periodistica

Un viejo adagio asegura que la inteligencia militar es a la inteligencia lo mismo que la música militar es a la música. Lo descubierto por la revista SEMANA sobre el uso indebido de plataformas de inteligencia va a terminar destapando no solamente el desvío de recursos del Estado para apoyar políticamente a la extrema derecha, sino también la corrupción de altos miembros del estamento militar que usan recursos públicos para enriquecer compadres y encubrir crímenes, especialmente los falsos positivos. Leer más de esta entrada

Todo en un solo lugar – Daniel Coronell

Por Daniel Coronell

OPINIÓN. Un paramilitar acusó al señor escobar de hacer parte de su mismo grupo. su caso fue archivado velozmente. por esa época su hermana ya era una importante funcionaria de la Fiscalía, aunque todavía no era directora del CTI.

Daniel Coronell

Daniel Coronell – Etica Periodistica

Unicentro Villavicencio puede ser el centro comercial más interesante del país. Narcotraficantes, paramilitares, un general en problemas y el hermano de la semicaída exdirectora del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI) han tenido que ver con este exitoso lugar.

Empecemos por el último. En esta columna les conté que empezando el año había sido nombrado en un cargo profesional de la Fiscalía un hermano de la directora del CTI, Maritza Escobar Baquero.

El asunto no se quedaba en el nepotismo. El señor William Escobar había aplicado para un cargo de investigador criminalista del CTI pero –vaya uno a saber por qué– terminaron designando al graduado en Ciencias Militares como profesional de la Dirección Administrativa y Financiera de la Fiscalía. Leer más de esta entrada

Un día de campo – Daniel Coronell

Por Daniel Coronell

OPINIÓN. El General Fajardo no encontró inconveniente en poner un Black Hawk al servicio del procurador que le archivó una investigación por corrupción.

Daniel Coronell

Daniel Coronell – Etica Periodistica

Un general del Ejército, investigado por la Procuraduría, le prestó un helicóptero de combate Black Hawk al procurador que lo investiga para que se fuera de paseo con varios familiares bajo el pretexto de una misión oficial inexistente. El general se llama Adelmo Fajardo Hernández y es el comandante de la Décima Brigada del Ejército en Valledupar. Leer más de esta entrada

Mi hermano y yo – Daniel Coronell

Por Daniel Coronell

OPINIÓN. En una semana y un día terminaron los problemas para don William Escobar Baquero. Para esa época, su hermana Maritza ya era una importante funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, aunque aún no directora del CTI.

Daniel Coronell

Daniel Coronell – Etica Periodistica

Un evidente caso de nepotismo se está presentando en la Fiscalía General de la Nación. Durante esta semana, un hermano de la directora del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) fue nombrado en la entidad. La doctora Maritza Escobar Baquero, directora del CTI, no se declaró impedida para

conocer el proceso de vinculación de su hermano William, por el contrario –según un documento- pidió copia del informe de verificación y seguridad que hace la Fiscalía para vincular a nuevos funcionarios.

El informe muestra que el recién nombrado hermano de la directora del CTI tiene un pasado interesante.

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Los verdugos de Jaime Garzón – Daniel Coronell

Por Daniel Coronell

OPINIÓN. El grupo, que incluía a varios oficiales y suboficiales, no solo cumplía labores de inteligencia sino que había montado una banda especializada en secuestros.

Daniel Coronell

Daniel Coronell – Etica Periodistica

Una asociación criminal entre militares activos, paramilitares y pistoleros de la banda La Terraza estuvo detrás del homicidio de Jaime Garzón. La Fiscalía tiene –casi– todas las piezas del rompecabezas y sabe cómo encajan. Hay evidencias que muestran que integrantes del departamento de inteligencia B-2 de la Brigada 13 del Ejército en Bogotá estuvieron envueltos en el asesinato de Jaime. Algunos de estos militares están prófugos y otros siguen activos y libres de cualquier apremio. Leer más de esta entrada

El factor Bravo. – Daniel Coronell

Por Daniel Coronell

OPINIÓN. Lo único cierto es que Petro eligió a Ordóñez por Diego Bravo y Ordóñez destituyó a Petro por Diego Bravo.

Daniel Coronell

Daniel Coronell – Etica Periodistica

A veces la democracia se encarna en los peores símbolos. Desde luego la destitución del alcalde Gustavo Petro tiene una motivación política. Es revelador además que un grupo afín al Procurador se viniera preparando para darle el zarpazo a Bogotá. Así lo reveló el ex constituyente y ex guerrillero Otty Patiño quien se enteró de la decisión contra Petro, semanas antes de que ocurriera y por boca de Francisco Santos. Pacho no ha desmentido la versión de Patiño. Es lamentable que una conjura politiquera se disfrace de decisión disciplinaria.
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