¿A dónde va lo de las Farc?

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Comparto la inmensa rabia del exministro Fernando Londoño contra las Farc. Su atentado estaba diseñado para que no saliera vivo. De nadie que haya pasado por algo semejante se puede exigir que vuelva a tener días claros, sin noches turbias. Menos aún que exhiba una magnanimidad solo propia de los estadios superiores del alma, cuando las personas logran volar por encima de sus circunstancias personales. El alto promedio de los seres humanos indica que somos ciegamente vengativos.

Mi profundo respeto por la columna que el doctor Londoño me mandó el jueves pasado desde este mismo espacio. Pero no puedo dejar de expresar infinita sorpresa ante su memoria selectiva. A lo largo de toda su exposición ideológica, opuesta rotundamente a que se haga algún pacto de paz con las Farc, no hay una sola mención sobre el proceso de justicia alternativa diseñado bajo el gobierno de su jefe, el expresidente Uribe. Gracias al cual fue posible que genocidas de moto-sierra, que jugaban fútbol con las cabezas de sus víctimas, pagaran un máximo de 8 años de cárcel.

Pero eso no es nada. Firmado por el entonces ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño, se presentó el proyecto de ley 085 del 2003. Sorpréndanse. El proyecto de Londoño no tenía pena máxima ni siquiera de 8 años. Solo de 5, con posibilidad de “restricción geográfica de la libertad”. Que de haber superado su primer debate en el Congreso habría implicado que los ‘paras’ hoy tendrían como finca-cárcel… a todo el país.

¿Es este el mismo Londoño quien en su columna olvida que al gobierno Uribe el país no quiso aceptarle el presupuesto de que los paramilitares eran delincuentes políticos para otorgarles amnistías e indultos?

De ser el mismo Londoño, no entiendo por qué se escandaliza tanto con el párrafo de marras. Vuelvo a citarlo: “No encuentra la Corte que la ratificación del Estatuto de Roma pueda implicar un obstáculo para futuros procesos de paz y de reconciliación nacional, en donde se consideren medidas como los indultos y las amnistías, con sujeción a los parámetros establecidos en la Constitución y en los principios y normas del derecho internacional” (C-578 del 2002).

Seamos claros. El gobierno Uribe tuvo que echar mano de la justicia alternativa para tramitar los delitos de lesa humanidad de los ‘paras’. Sería demente que la Corte Penal Internacional se hubiera erigido como un cuerpo que impidiera a los Estados terminar sus guerras. La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, a buena hora consagrada, tiene efectos hacia la jurisdicción de la Corte Penal, cuando el Estado se abstiene de juzgarlos. Pero si lo hace, la jurisdicción internacional no puede coartar la aplicación de la jurisdicción nacional. Si cupiera interpretar que hubo denegación de justicia en el caso de los crímenes paramilitares, la Corte Penal Internacional vendría por ellos. No creo que lo haga. El Estado colombiano dio una salida jurídica a esos crímenes de lesa humanidad, inevitablemente con altas dosis de impunidad, interpretando una licencia que le otorga la Constitución al Gobierno ante graves circunstancias de conveniencia política.

Con las Farc, doctor Londoño, tendrá que suceder algo parecido. Siempre bajo el entendido de que habrá verdad, justicia y reparación de sus víctimas, aunque es previsible que los colombianos jamás quedaremos satisfechos con el mayor o menor grado de impunidad que el Gobierno, en su sabiduría, termine concediéndoles, cuando le toque interpretar las conexidades del delito político. Lo único que nos dejaría satisfechos sería la guillotina, que en pleno siglo XXI no caerá.

Doctor Londoño: transversalmente, el Estatuto de Roma reconoce un alto grado de discrecionalidad de los Estados para manejar jurídicamente sus conflictos internos, y nada cambiará con que usted se le atraviese horizontalmente a esa rotunda realidad.

María Isabel Rueda

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